Detengámonos un poco a analizar la naturaleza de la palabra “independencia”. El diccionario la define como “Libertad, autonomía, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro”. Ríos de tinta se han desgranado para definir y analizar el término. Ríos de sangre se han derramado para tratar de justificarla. La independencia total, sin embargo, se concluye, no es posible. Siempre sobrevive la relación necesaria (y muchas veces obligada) con otros países. “Interdependencia”, le llaman. Plantea, en una teórica igualdad de condiciones, la simbiosis de dos organismos que obtienen de manera mutua beneficios similares. Es decir, no existe una preeminencia de un organismo con respecto del otro. En el caso de México, esto no ha ocurrido: la dependencia que tenemos con los Estados Unidos es algo que no se puede negar de ninguna forma.
Esa relación con los Estados Unidos será, a lo largo de la historia, conflictiva y sumamente lesiva para los intereses nacionales de nuestro país. Más allá de la pérdida de territorio en la guerra de 1847, la supeditación de México a los intereses norteamericanos ha sido una constante que no ha cuestionado en ningún momento la doctrina del presidente Monroe. Dicha presencia no ha carecido, incluso, de presencia militar en nuestro territorio. La ocupación del puerto de Veracruz en 1913 para defender sus intereses petroleros y la incursión de la “expedición punitiva” que buscaba apresar a Francisco Villa, son dos hechos que podrían ser anecdóticos si no contravinieran todos los supuestos de soberanía territorial e independencia política, y que generaron, para bien, posturas firmes de defensa de la soberanía que los constituyentes de Querétaro dejaron plasmadas en la Constitución que nos rige actualmente.
Primero la admiración de los liberales, que no dudaron tomar al vecino país como modelo; después la entrada de capitales dirigidos a desarrollar actividades desligadas de las actividades primarias durante el porfiriato; con la Revolución en curso y aún en plena lucha de facciones, la primera legitimación que se buscó fue la de los Estados Unidos. Es decir, la legitimidad del gobierno establecido en el país, posterior a la Revolución Mexicana, partió del reconocimiento de facto de los norteamericanos. Dicho reconocimiento nunca fue gratuito: los EU ayudaron a mantener en el poder a los representantes que les garantizaran continuidad y seguridad a sus inversiones, en la misma medida en que los estadunidenses garantizaran el reconocimiento y la continuidad de créditos e inversiones. Los Tratados de Bucareli inauguran esa tendencia en las relaciones entre México y EU.
1994 fue un año en el cual esta dependencia e indefensión se hizo más evidente. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte auguraba, según el gobierno neoliberal en turno, la entrada de México al Primer Mundo. A pesar de los reclamos populares, la rebelión zapatista, los ajustes constitucionales al vapor, la evidente disparidad y la condición de no negociable del Tratado, éste entró en vigor. Hoy, más de un entusiasta reclama la renegociación del Tratado, con las evidencias de inequidad y destrucción de la economía doméstica que trajo dicho acuerdo para muchas de los sectores que quedaron desprotegidos con la firma de dicho acuerdo.
Es esta clase la que impide que el país avance y la que genera las condiciones para que esto no ocurra. Una de las evidencias más claras tiene que ver con otra cuestión fundamental que hace patente nuestra dependencia de los EU y otros gobiernos: el atraso tecnológico y la nula inversión en educación. Si se estudia un poco la historia de las universidades norteamericanas, no se podrá dejar de notar que la mayoría nacieron como iniciativas de particulares que financiaron el desarrollo tecnológico de sus países a fin de explotar y poseer el conocimiento que tiene un valor por sí mismo. En México, la oligarquía prefiere enviar a sus hijos a estudiar al extranjero, en donde adquieren conocimientos que les ayudan a entender una realidad que no es la propia y que los prepara actitudinal e ideológicamente a implementar medidas que muchas veces afectan el interés nacional, pero benefician a los países en los cuales estudiaron y a los intereses de sus propias familias. Las consecuencias de esto es que México tiene que depender de la tecnología externa y operar cambios estructurales que no benefician al conjunto de la sociedad, sino a sectores específicos y reducidos.
El Plan México, a semejanza del proyecto impulsado por los EEUU en Colombia, pretende “compartir esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico”; si observamos los resultados que tal operación ha tenido en el país sudamericano, podemos constatar que ni la producción ni el tráfico de drogas han disminuido, sino que se han mantenido constantes; por otro lado, el gobierno colombiano sí ha utilizado el “apoyo” norteamericano para la lucha en contra de las FARC, el grupo guerrillero beligerante cuya complejidad en métodos de financiamiento y confrontación con el Estado se ha acentuado en las últimas décadas a partir de la nulidad de opciones a las demandas originales planteadas por éstos desde los años setentas.
Otro de los flancos de confrontación con los EEUU tiene que ver con la cuestión migratoria. Una empobrecimiento acelerado de los sectores más vulnerables de la sociedad, en parte debido también a la sobreexplotación de mano de obra y la implementación de políticas de fuerte impacto social, ha originado un éxodo dramático de trabajadores hacia la frontera del norte. Ese éxodo responde a dos cuestiones fundamentales: por un lado, la incapacidad e irresponsabilidad de los gobiernos mexicanos por generar los elementos necesarios para ofrecer medios de manutención de estos trabajadores y permitirles seguir cerca de sus familias y su tierra y, por otro, la demanda de esa mano de obra barata y eficiente en “el otro lado”. El endurecimiento de diversos sectores de la sociedad norteamericana ante lo que consideran una “amenaza” no ha hecho más que agravar el problema. Las acciones por parte del gobierno mexicano no han pasado más allá de la protesta tibia y políticamente correcta. Y es que no cabe otra actitud cuando el trato no es de iguales sino de subordinados: de obedientes, disciplinados, “comprensivos” y convenientes vecinos. El drama de la migración no abarca sólo a los trabajadores agrícolas o a los obreros, toca también a un importante número de profesionistas y científicos altamente calificados. La migración de científicos de América Latina hacia los EEUU alcanzó, sólo en la década de los 90's, la cifra de 300 000, muchos de los cuales eran mexicanos. Este fenómeno genera dos cuestiones preocupantes: por un lado, lo que se da en llamar transferencia inversa de tecnología, es decir, la migración de científicos que logran desarrollar su trabajo en el extranjero por cuestiones de acceso a medios que en sus países de origen no tienen y porque en sus países no se generan las condiciones para que éstos puedan tener trabajo, de tal forma, los países pobres (como el nuestro) financian parte del desarrollo científico de países como los EEUU; por el otro, permiten que el modelo de dependencia tecnológica como causa y consecuencia de la dependencia económica se reafirme.
Estamos lejos, en términos prácticos y reales, de alcanzar lo que Morelos expuso de manera enfática en el primer punto de sus Sentimientos de la Nación: “que habríamos de ser libres e independientes de España y de toda otra Nación”.
En los discursos y programa oficial es evidente el deseo de desviar la atención del problema esencial que es la lucha por las soberanías popular y nacional. La existencia de nuestro país es un hecho que no pueden soslayar, es un hecho derivado de la lucha que comenzó en 1810 Miguel Hidalgo y Costilla. Pero el carácter de esta lucha tuvo y tiene como objetivo la conquista de la soberanía a partir del rescate de nuestra raíz e identidad y del desarrollo de una economía que nos permita romper toda dependencia y subordinación del extranjero basada en la autosostenibilidad y un sistema político democrático que permita que se manifieste la soberanía popular como base de un sistema que le dé, efectivamente, el poder al pueblo.Si hacemos un recuento de los beneficiarios de las guerras de independencia en América Latina nos encontraremos con tres países en específico: Inglaterra que consigue establecer canales de comercio, intercambio y explotación de recursos dentro de los territorios recién independizados de España, además de apropiarse territorios como el de Belice, Guyana y el archipiélago de la islas Malvinas; Brasil, que comienza a extender sus dominios territoriales durante el siglo XIX, lo que lo lleva a convertirse en el Estado más grande de la región sudamericana; y los Estados Unidos, que consiguen aumentar de manera considerable su territorio, primero a merced de España, debilitada por la invasión napoléonica, y después a expensas de México, que no había conformado ni un ejército fuerte ni un proyecto de nación claro.Pablo Moctezuma Barragán,
“¡¿Celebrando el Bicentenario?!”
Esa relación con los Estados Unidos será, a lo largo de la historia, conflictiva y sumamente lesiva para los intereses nacionales de nuestro país. Más allá de la pérdida de territorio en la guerra de 1847, la supeditación de México a los intereses norteamericanos ha sido una constante que no ha cuestionado en ningún momento la doctrina del presidente Monroe. Dicha presencia no ha carecido, incluso, de presencia militar en nuestro territorio. La ocupación del puerto de Veracruz en 1913 para defender sus intereses petroleros y la incursión de la “expedición punitiva” que buscaba apresar a Francisco Villa, son dos hechos que podrían ser anecdóticos si no contravinieran todos los supuestos de soberanía territorial e independencia política, y que generaron, para bien, posturas firmes de defensa de la soberanía que los constituyentes de Querétaro dejaron plasmadas en la Constitución que nos rige actualmente.
Primero la admiración de los liberales, que no dudaron tomar al vecino país como modelo; después la entrada de capitales dirigidos a desarrollar actividades desligadas de las actividades primarias durante el porfiriato; con la Revolución en curso y aún en plena lucha de facciones, la primera legitimación que se buscó fue la de los Estados Unidos. Es decir, la legitimidad del gobierno establecido en el país, posterior a la Revolución Mexicana, partió del reconocimiento de facto de los norteamericanos. Dicho reconocimiento nunca fue gratuito: los EU ayudaron a mantener en el poder a los representantes que les garantizaran continuidad y seguridad a sus inversiones, en la misma medida en que los estadunidenses garantizaran el reconocimiento y la continuidad de créditos e inversiones. Los Tratados de Bucareli inauguran esa tendencia en las relaciones entre México y EU.
1994 fue un año en el cual esta dependencia e indefensión se hizo más evidente. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte auguraba, según el gobierno neoliberal en turno, la entrada de México al Primer Mundo. A pesar de los reclamos populares, la rebelión zapatista, los ajustes constitucionales al vapor, la evidente disparidad y la condición de no negociable del Tratado, éste entró en vigor. Hoy, más de un entusiasta reclama la renegociación del Tratado, con las evidencias de inequidad y destrucción de la economía doméstica que trajo dicho acuerdo para muchas de los sectores que quedaron desprotegidos con la firma de dicho acuerdo.
La meta fundamental de un establishment es asegurar que el sistema funcione, de modo que a la larga el país tenga éxito. Un establishment confía en que, si el sistema funciona y si el país va bien, sus miembros prosperarán personalmente. Un establishment seguro de sí mismo no necesita que un interés propio sea el valor supremo cuando toma decisiones públicas.Pero también hubo beneficiarios de ese proceso: los mismos grupos de poder que no han mudado de naturaleza, prácticamente, desde la época de la independencia. Una clase oligárquica que se vio reforzada por el crecimiento del latifundio en el siglo XIX y renovada por los vicios generados por la clase política (que se hizo beneficiaria económica) que se asentó después de la revolución. Y que no pudo (o no quiso) conformar un establishment a imagen y semejanza del impulsado en los Estados Unidos. He ahí la diferencia fundamental entre nuestro país y el vecino del norte. Allá existe un establishment, esto es, una estructura social que garantiza la supervivencia del sistema a partir del buen andar de ese sistema en todos los sentidos: económico, político, militar, intelectual, tecnológico; tienen la convicción de que si le va bien al país, les va bien a ellos. Acá existe una oligarquía, es decir, una clase económica (que también es política) que sólo ve por sus intereses y que desconfía de la capacidad del país, que tiene la convicción de que no les puede ir bien mientras estén aquí y que desprecian y explotan al país que les garantiza su riqueza y su sobrevivencia.
En cambio, una oligarquía es un grupo de individuos inseguros que acumulan fondos en cuentas bancarias suizas secretas. Como creen que deben atender siempre a su interés personal inmediato, no los atrae la idea de invertir su tiempo o su esfuerzo en mejorar la prosperidad a largo plazo del país. Dicho francamente, no confían en que, si su país tiene éxito, ellos lo tendrán.Harvard Lester Thurow,
La guerra del siglo XXI
Es esta clase la que impide que el país avance y la que genera las condiciones para que esto no ocurra. Una de las evidencias más claras tiene que ver con otra cuestión fundamental que hace patente nuestra dependencia de los EU y otros gobiernos: el atraso tecnológico y la nula inversión en educación. Si se estudia un poco la historia de las universidades norteamericanas, no se podrá dejar de notar que la mayoría nacieron como iniciativas de particulares que financiaron el desarrollo tecnológico de sus países a fin de explotar y poseer el conocimiento que tiene un valor por sí mismo. En México, la oligarquía prefiere enviar a sus hijos a estudiar al extranjero, en donde adquieren conocimientos que les ayudan a entender una realidad que no es la propia y que los prepara actitudinal e ideológicamente a implementar medidas que muchas veces afectan el interés nacional, pero benefician a los países en los cuales estudiaron y a los intereses de sus propias familias. Las consecuencias de esto es que México tiene que depender de la tecnología externa y operar cambios estructurales que no benefician al conjunto de la sociedad, sino a sectores específicos y reducidos.
La descapitalización que sufren los países y la subordinación de sus sectores claves a los diktats de las empresas extranjeras han llegado a provocar un colapso general de las economías y las sociedades, causando uno de los mayores desastres humanos de la historia regional, que las cifras macroeconómicas –por más que sean agitadas como pruebas de éxito- no pueden ocultar. Hablamos del fenómeno migratorio, convertido hoy en el mayor fenómeno económico, político y social que afecta a Latinoamérica. Una región que fue receptora por cinco siglos de emigración, ha pasado a convertirse en una emisora neta de emigrantes. Según la CEPAL, en el año 2006 había más de 25 millones de emigrantes latinoamericanos. En algunos países, más del 20% de su población vive en el extranjero; en otro número relevante de países, como México, alcanza el 10 por 100. En ocasiones, zonas enteras han quedado despobladas y, en otras zonas, la emigración masiva ha dejado desarticuladas a familias y sociedades, con decenas de hogares sin padres o madre, o sin ambos, y los hijos al cuidado de abuelos u otros parientes, cuando no en el desamparo.Más allá de que los gobiernos mexicanos posteriores al fracaso del TLC tuvieran una actitud de corregir en lo posible la desigualdad en la relación México-EEUU, pareciera que están decididos a profundizarla. No se encuentra otra explicación para la adhesión a la llamada Alianza paea la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en donde se incluyen, aparte de las cuestiones implícitas del TLC, temas prioritarios como la seguridad y los recursos energéticos. La posibilidad de intervención del gobierno norteamericano se ha operado a últimas fechas a través de la llamada Iniciativa Mérida que, en el contexto actual generado por el papel que el narcotráfico tiene en nuestro país, incorpora el tema de presencia militar extranjera en nuestro territorio, ya sea en forma de “capacitación” como de “apoyo logístico” y demás eufemismos.Augusto Zamora Rodríguez,
Ensayo sobre el subdesarrollo
El Plan México, a semejanza del proyecto impulsado por los EEUU en Colombia, pretende “compartir esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico”; si observamos los resultados que tal operación ha tenido en el país sudamericano, podemos constatar que ni la producción ni el tráfico de drogas han disminuido, sino que se han mantenido constantes; por otro lado, el gobierno colombiano sí ha utilizado el “apoyo” norteamericano para la lucha en contra de las FARC, el grupo guerrillero beligerante cuya complejidad en métodos de financiamiento y confrontación con el Estado se ha acentuado en las últimas décadas a partir de la nulidad de opciones a las demandas originales planteadas por éstos desde los años setentas.
Otro de los flancos de confrontación con los EEUU tiene que ver con la cuestión migratoria. Una empobrecimiento acelerado de los sectores más vulnerables de la sociedad, en parte debido también a la sobreexplotación de mano de obra y la implementación de políticas de fuerte impacto social, ha originado un éxodo dramático de trabajadores hacia la frontera del norte. Ese éxodo responde a dos cuestiones fundamentales: por un lado, la incapacidad e irresponsabilidad de los gobiernos mexicanos por generar los elementos necesarios para ofrecer medios de manutención de estos trabajadores y permitirles seguir cerca de sus familias y su tierra y, por otro, la demanda de esa mano de obra barata y eficiente en “el otro lado”. El endurecimiento de diversos sectores de la sociedad norteamericana ante lo que consideran una “amenaza” no ha hecho más que agravar el problema. Las acciones por parte del gobierno mexicano no han pasado más allá de la protesta tibia y políticamente correcta. Y es que no cabe otra actitud cuando el trato no es de iguales sino de subordinados: de obedientes, disciplinados, “comprensivos” y convenientes vecinos.
Con la emigración de amplios sectores de científicos y profesionales, los países experimentan una triple pérdida. Por una parte, pierden por la transferencia de conocimiento y capital humano hacia países desarrollados. Por otra, pierden lo invertido en la preparación de esos sectores que, conviene no olvidarlo, requieren más recursos cuanto mayor y mejor es su preparación. Estas dos pérdidas se traducen en una tercera: la pérdida de un capital humano necesario para potenciar el desarrollo de sus propios países. A la inversa, los países receptores de esta migración cualificada reciben una inyección invaluable de riqueza humana, en la que, en una mayoría de casos no han invertido nada o lo han hecho sólo parcialmente.
Las causas de la emigración, sobre todo de los científicos son varias. Las crisis internas que ha sufrido la región, con golpes de Estado, conflictos armados y derrumbes económicos explican parte del fenómeno, pero no todo. Hay dos causas enraizadas en las estructuras políticas y económicas que aclaran el resto. De una parte, el abandono histórico de la investigación científica-técnica, que se traduce en la carencia crónica de centros de investigación, laboratorios y recursos, o en la absoluta obsolescencia de los existentes. A este factor debe agregarse otro: los salarios.Augusto Zamora Rodríguez,
Ensayo sobre el subdesarrollo
Estamos lejos, en términos prácticos y reales, de alcanzar lo que Morelos expuso de manera enfática en el primer punto de sus Sentimientos de la Nación: “que habríamos de ser libres e independientes de España y de toda otra Nación”.
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